Fuente: www.rightsaction.org 21 de junio de 2005

El domingo el 19 de junio de 2005 una consulta de la población de Sipacapa, San Marcos, Guatemala rechazó rotundamente la minería de tajo abierto. La consulta fue organizada por la Consultoría Comunal de Desarrollo de (COCODE), una institución gubernamental formal establecida a través del país que tiene la autoridad para decidir sobre los problemas que tienen efecto en el desarrollo de comunidades rurales, y que tiene una responsabilidad particular orientada en pro de los derechos de los pueblos indígenas.

COCODE emprendió la iniciativa de la consulta en respuesta a las exigencias de la comunidad de proteger sus territorios contra los daños potenciales asociados con una licencia de exploración que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) otorgó a la corporación de minería canadiense Glamis Gold.

Sipacapa es una municipalidad próxima a San Miguel, San Marcos dónde Montana Exploradora una subsidiaria de Glamis Gold inició actividades mineras de oro. Las comunidades vecinas como Sipacapa ya han empezado a sentir los impactos negativos, particularmente la competencia por el agua y la contaminación de los recursos híbricos escasos en estas comunidades de cultivo densamente pobladas.

Aunque Glamis Gold y MEM intentaron bloquear el derecho de las comunidades a las consultas en dos acciones legales distintas, la decisión de las comunidades fue demostrada claramente. Los organizadores estiman que 98% de los participantes rechazaron la minería, llevando a 11 de 12 comunidades participantes a preparar actos comunitarios, prohibiendo la minería de tajo abierto.

La consulta puede ser de cumplimiento obligado en la ley guatemalteca, a pesar de la existencia de concesiones mineras extendidas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este problema se decidirá en las cortes durante los próximos meses o posiblemente años.

Esta es una causa instrumental importante para los derechos de los pueblos indígenas. Aunque el gobierno guatemalteco ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales), y otros acuerdos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, virtualmente nada se ha hecho para regular la aplicación de las garantías dadas en estos acuerdos.

La Ley para los Consejos de Desarrollo, la base legal para este proceso de consulta, es la legislación que ha adelantado más en la codificación de derechos indígenas.

Tanto Glamis Gold como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estaban tan procupados sobre el derecho de las comunidades a la consulta y el rechazo potencial de la concesión minera que el miércoles 15 de junio ambos presentaron pleitos simultáneos para detener la consulta. Glamis presentó una orden judicial contra el Alcalde local en un juzgado de primera instancia en la Ciudad de Guatemala y el MEM presentó un pleito separado directamente ante el Tribunal Constitucional.

Aunque la petición de MEM al Tribunal Constitucional fue rechazada, el Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de Guatemala emitió un orden pidiendo al Alcalde que suspendiera la consulta inmediatamente. Ésta fue una acción completamente irregular para ser tomada por el Tribunal de Primera Instancia, dada la costumbre de las cortes de permitir dos semanas para repasar y responder a tales peticiones.

Sin embargo, ya que el COCODE convocó la consulta, no el Alcalde, las actividades podrían proceder sin impedimento legal de todos modos. La decisión causó confusión entre los votantes desde que se difundió en la radio y en volantes impresos distribuidos ampliamente los días antes de la consulta.

Aunque Glamis públicamente afirmó, en un comunicado oficial con numerosos errores que se estaban efectuando amenazas de violencia contra partidarios de la mina por parte de organizadores de la consulta, 75 observadores nacionales e internacionales con rango de organizaciones de la sociedad civil no recibieron ninguna denuncia de amenazas y ninguna amenaza fue informada por la Policía o el Juez de paz.

Las comunidades se dan cuenta que las licencias los afectan y se están organizando para protegerse a si mismos y su estilo de vida, puesto que los cambios en la legislación minera a lo largo de la región, promovidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han producido centenares de nuevas exploraciónes mineras y autorizaciones de explotación a lo largo de Guatemala, aunque sea rural y principalmente indígena.