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Fuente: www.prensa-latina.org
, (24/06/06)
Tratamiento para la fiebre del oro en El Salvador
Odalys Troya Flores
Redacción Central, 24 jun (PL) La fiebre del oro y la plata que por siglos ha padecido Centroamérica no encuentra hoy frenos. Pero sí, gobiernos que ceden ante la opulencia y el poder de las grandes compañías mineras.
Ocurre que, a partir de la década de 1990, la disminución de la producción de minerales en Canadá y Estados Unidos movió a las grandes transnacionales de estas dos naciones a reactivar la minería en Latinoamérica y otras regiones del mundo.
Ese auge también ha estado motivado por el aumento de los precios del preciado metal, la existencia de leyes que favorecen a esas empresas, la debilidad en la protección ambiental y laboral y la desinformación de la población afectada.
Más del 90 por ciento de las licencias mineras en Centroamérica fueron otorgadas después del año 2000 con la subida del precio del oro, la plata y el níquel, y en virtud de reformas en la legislación minera de los países.
Sin embargo, pese a la pleitesía de muchos gobernantes, la febril expansión de las norteñas empresas mineras encuentra ahora la resistencia y la oposición de organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región.
En el Salvador, alcaldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se han unido al rechazo de la comunidad salvadoreña y grupos de la sociedad contra la exploración minera en el norte de la nación.
El Frente, ante la posibilidad de que el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales otorgue los permisos de explotación, ha cerrado filas contra las las concesiones.
Según los alcaldes farabundistas, la extracción de yacimientos de plata y oro en el departamento de Chalatenango, 70 kilómetros al norte de San Salvador, podría contaminar los mantos acuíferos subterráneos y el río Lempa, el más importante del país.
En tal sentido, firmaron una declaración conjunta en la que exigen el respeto a la vida, la biodiversidad y que se le permita a la población salvadoreña vivir con un real sentido humano.
Cada vez aumentan más las denuncias de la población sobre el impacto negativo de ese tipo de inversión que en vez de producir progresos, sólo generará daños directos a la salud humana y al ambiente, y no los empleos tan pregonados por sus defensores.
Los pocos puestos laborales que se deriven de la minería serán temporales, peligrosos y mal remunerados.
Por otra parte, la mayor parte de las ganancias quedarán en manos de los empresarios y sólo el dos por ciento llegará a los países dueños de los yacimientos.
Para organismos como el CESTA y la Unidad Ecológica Salvadoreña, con el "desarrollo" que imponen los consorcios mieneros se cambia "oro por veneno".
Esa explotación trnasforma severamente la morfología del terreno, apila grandes cantidades de material estéril, contamina la capa freática, destruye bosques, áreas cultivadas y poblados.
Además, puede alterar el curso de los ríos, destruir la pesca y crear lagunas o pantanos con aguas tóxicas.
Para la extracción de oro y plata, además de dinamitar grandes cantidades de roca, se emplea cianuro disuelto en agua, el cual se dispersa más tarde a través de las aguas superficiales y subterráneas, con efectos muy nocivos para la vida.
Los proyectos mineros, particularmente canadienses, se concentran principalmente en los empobrecidos departamentos de Chalatenango y Cabañas.
Por esa zona pasa el río Lempa, con una cuenca que abarca casi el 50 por ciento del territorio nacional y brinda agua al Gran San Salvador, además de ser fuente de energía eléctrica.
Ante tales peligros, los ecologistas salvadoreños, el FMLN (la principal fuerza opositora) y la comunidad en general advierten que esas inversiones sólo consolidan el modelo económico inequitativo y no sustentable existente en la nación.
En un esfuerzo común se resisten al saqueo minero y preparan una fuerte batalla contra la depredación del medio ambiente, el aniquilamiento de los ecosistemas y por el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los salvadoreños.
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