Ver también: Conflicto del proyecto minero Crucitas

Fuente: www.elpregon.org, San José, 25 de noviembre de 2010

Fiscalía analiza abrir proceso en contra de Arias

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Luis Ulloa

Oscar Arias y Roberto Dobles suscribieron, en 2008, un decreto que declaró el proyecto minero de interés nacional, tras lo cual la empresa taló unas 50 hectáreas de bosque considerado de alto valor ecológico.

La Fiscalíay el Ministerio Público de Costa Rica analizarán las pruebas de que disponen para decidir si se abre una causa en contra el ex presidente Oscar Arias y otros ex funcionarios, por los permisos otorgados a una multinacional minera de capital canadiense, anunció este jueves el fiscal general, Jorge Chavarría.

El fiscal reaccionó así al pedido del Tribunal Contencioso Administrativo, que el miércoles ordenó cancelar la concesión a la empresa canadiense Infinito Gold, que pretendía explotar oro en la mina Las Crucitas de Cutris, en el norte del país, y pidió a la Fiscalía que analice abrir un proceso contra Arias (2006-2010), el que fue su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, y seis funcionarios técnicos.

"Vamos a coordinar con el tribunal para analizar no solo el contenido de la sentencia, aunque no esté firme, sino también la prueba adicional que ellos recibieron para ver nosotros si hay un delito no conocido, un delito nuevo, o bien si se refuerzan las investigaciones que ya se están haciendo", declaró Chavarría a la prensa.

El fiscal explicó que también se podría ampliar las pesquisas a otras personas que no están incluídas en la investigación en curso.

De ser así, el ex presidente, y los demás funcionarios podrían ser procesados por el delito de prevaricato, que tiene una sanción de dos a seis años de prisión.




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FALLO DE TRIBUNAL ANULA CONCESION A MINA A CIELO ABIERTO EN COSTA RICA, DANDO RAZÓN A LA LUCHA DE AÑOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

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Desde el pasado 4 de octubre las asociaciones ambientalistas Apreflofas y Frente Norte por la Vida (Unovida) y su equipo jurídico compuesto por Bernal Gambo, Alvaro Sagot y Edgardo Araya, empezaron a librar una última batalla contra la transnacional canadiense Industrias Infinito Gold S.A., luego de varios años de luchas de movimientos ambientalistas y sociales contra la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, zona norte de Costa Rica. Esta mina, ubicada en una zona protegida de bosque primario y secundario, fue declarada de "Utilidad Pública e interés nacional" por el gobierno anterior de Oscar Arias. Esta declaratoria era una clara contradicción con la supuesta política de protección de la naturaleza, ya que el impacto del daño ambiental que produciría el utilizar entre 3 y 5 toneladas diarias de cianuro durante nueve años, impactaría irreversiblemene en los mantos acuíferos, además del derribo de al menos 300 hectáreas de especies forestales protegidas, hábitat de aves en peligro de extinción. Sólo oscuros intereses podían justificar esta declaratoria. El juicio precisamente buscaba demostrar la gravedad de esta situación, la falta de estudios y el uso de procedimientos ilegales e indebidos para autorizar a la empresa a funcionar.

La transnacional invirtió, además, mucho dinero en una campaña pública por los medios de comunicación tratando de presentarse como benefactora del país y "ecológica"; financiando un equipo de fútbol de la primera división y tratando de presentarse como un modelo de desarrollo en la localidad. Se calcula que, mientras el gobierno recibiría 80 millones de dólares por concepto de impuestos, la transnacional, en nueve años, obtendría al menos mil setecientos millones de dólares de utilidad neta.

El día de ayer, 24 de noviembre, además de anular la concesión, el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo condenó a Industrias Infinito a indemnizar al país por los daños ambientales causados en la zona. Pero también recomienda al Ministerio Público abrir una investigación y si es necesario una causa penal contra el expresidente de la República Oscar Arias y varios funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), entre ello el exministro del MINAET, Roberto Dobles, quienes otorgaron las autorizaciones para explotar Crucitas.

Por su parte el Estado y el Sistema de Áreas de Conservación deberán destinar recursos para el restablecimiento ambiental de la zona afectada. Para eso recomendó al Ministerio de Hacienda prever los recursos económicos necesarios para cuando se fije la suma en la ejecucion final de la sentencia prevista para diciembre.

En la sentencia leída por el presidente del Tribunal, Eduardo González Segura, los jueces no encontraron en la declaratoria motivos y "criterios técnicos fundamentales" para declararla de interés nacional.

"Esta es una señal de esperanza para muchos costarricenses que perdíamos la fe en el Poder Judicial. Este es un fallo cristalino y apegado a las demostraciones que hicimos. Está bien sustentado a lo que nosotros pedíamos que era anular la concesión y resarcir por el daño que se le hizo a la naturaleza", indicó el abogado Álvaro Sagot.

Tras conocerse el fallo, cientos de personas celebraron en los alrededores de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro. Allí se encontraba Marcela Zamora, integrante de Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM), quien expresó su satisfacción luego de conocer la sentencia.

"Estamos muy contentos porque se anularon todos los permisos. Pero además, el fallo nos sorprendió a todos porque recomienda abrir una investigación contra el expresidente Arias y todas las personas involucradas en otorgar la concesión y demás permisos. Estamos absolutamente complacidos", expresó.

Al respecto el diputado José María Villalta, señaló como parte importante de la sentencia la investigación abierta contra funcionarios públicos.

"El fallo confirma las graves faltas cometidas por el gobierno de Arias en relación a este asunto, tal y como lo habíamos denunciado desde el Partido Frente Amplio. Damos las gracias a los abogados que con un excelente trabajo desenmascararon las patrañas de la compañía minera y damos también las gracias a los jueces por actuar apegados a la justicia" señaló el diputado Villalta.

Por su parte Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Acción Ciudadana, indicó que la sentencia judicial reivindica lo que la mayoría de los costarricenses quieren. "Creo que es un paso muy importante para hacer justicia. Ahora hay que buscar a los responsables. El principal culpable es el expresidente Oscar Arias por haber declarado al proyecto de interés público", expresó el diputado.

Pedro Landa
Coordinador del programa DEHVIDA
Derechos Humanos, Vigilancia, Incidencia Y Desarrollo Ambiental
CEHPRODEC
Tegucigalpa, Honduras