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Opinión
Crónica Digital (16/04/08) Por Alvaro Ramis Ha trascurrido más de la mitad del gobierno de Michelle Bachelet y comienza a ser necesaria una evaluación de las promesas de un gobierno que se autocalificó como "ciudadano" y "progresista". Al respecto, el último trimestre evidencia un claro giro conservador, que coincide con los cambios de gabinete experimentados a fines de 2007. Tal vez en ningún sector se evidencia un giro tan alarmante como en materia medioambiental. En las últimas semanas se ha producido un verdadero sinceramiento colectivo de parte de varios ministros, que sin pudor han revelado una mirada a los problemas ligados al modelo de desarrollo y a los compromisos con las grandes transnacionales que no difieren en nada a los tiempos en que se aprobaba sin observaciones la planta CELCO de Valdivia y se incubaban muchas otras desastrosas decisiones políticas públicas que hoy la ciudadanía debe padecer. Al inicio de su mandato, el gobierno Bachelet permitía augurar expectativas modestas pero esperanzadoras, que hacían prever un giro frente a las pobrísima gestión ambiental de Ricardo Lagos. En abril de 2007, la dirigente ecologista Sara Larraín todavía se refirió a los avances del “acuerdo de Chagual”, suscrito con los movimientos ecologistas en el transcurso de la campaña electoral, con un moderado optimismo: “se está cumpliendo el 40% de los compromisos; en otro 40% hay un franco retraso, y finalmente, el 20% se encuentra en conflicto”. Sin embargo, en el últimos trimestre este acuerdo parece haber pasado a la historia, ya que el actual gabinete ha desatado una agresiva campaña en contra de quienes cuestionen las decisiones energéticas, económicas e industriales de la actual administración. En febrero de este año el ministro del interior Edmundo Pérez Yoma, anunció su apoyo a la construcción de centrales hidroeléctricas en Aysen, aun cuando un ministro de Estado no puede hacer este tipo de afirmaciones, ya que el proyecto no ha ingresado aún a la evaluación de la CONAMA. Se trata de un verdadero mandato de voto anticipado para los SEREMI, gobernadores e intendentes, que dependiendo del Ministerio del Interior, deberán aprobar ese proyecto. A fines de marzo, en un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el ministro Marcelo Tokman se manifestó a favor de mantener y profundizar los estudios sobre energía nuclear, mostrando que en ese campo ya hay opciones tomadas por parte del gobierno, que desmienten los compromisos de campaña de la entonces candidata Bachelet, que se comprometió con las organizaciones ecologistas a no incluir la alternativa nuclear en su política energética. Recientemente pudimos ver a varios ministros y subsecretarios jugándose por aprobación de una Planta de Gas Propano colindante a un sector residencial y sobre una reserva ecológica en la comuna de Peñalolén, propiedad de Metrogas. Luego presenciamos la histérica reacción colectiva de varios ministros, desatada por un artículo del New York Times, reproducido luego en Boston Globe y San Francisco Chronicle, que denunció que en este país se utilizan hormonas para aumentar el crecimiento de los salmones y antibióticos en el tratamiento del virus ISA (anemia infecciosa). Finalmente, esta semana Francisco Vidal y del subsecretario del Interior, Felipe Harboe salieron directamente a enfrentar las críticas del movimiento ecologista y amenazaron controlar sus fondos desde el Ministerio del Interior. Las afirmaciones de Vidal y Harboe son de extrema gravedad, ya que sólo son comparables con las leyes dictadas por el gobierno Ruso, quién en 2006 promulgó una restrictiva legislación que otorgó poderes al estado para interferir en la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las restricciones a las ONG, insinuadas por el subsecretario Harboe, pueden obligar a las organizaciones sociales y ecologistas a apelar a la cláusula democrática del acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea, ya que se trata de graves hostigamientos, que contravienen la Convención Europea de Derechos Humanos, y por lo tanto, pueden ser objeto de acusaciones ante el Parlamento Europeo. Tampoco es descartable una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del germen de un proceso de criminalización y persecución que puede tener graves consecuencias. Ya en diciembre de 2007 La Tercera reveló que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) contrató un “especialista” que tiene por misión efectuar un seguimiento de todos los conflictos ambientales a nivel nacional y hacer proyecciones sobre el tema. El experto pertenece a la unidad de análisis sectorial, donde se efectúan seguimientos en lugares de conflicto. Se trata de un análisis que incluye a funcionarios que realizan análisis territorial, es decir, que monitorean situaciones críticas en diferentes regiones. Entre otros conflictos se ha constatado su accionar en relación a la campaña contra las represas en Aysén, al conflicto generado en Mehuín debido a la instalación de un ducto de la empresa Celco, y a los movimientos de oposición al Proyecto minero Pascua Lama, que busca la construcción de una mina en glaciares de Atacama. ¿Porqué una agencia de inteligencia debe dedicar recursos a vigilar a quienes defienden los recursos naturales y ambientales de su propio país? Es un tema que requiere una respuesta por parte del gobierno. En los últimos días el ministro Vidal y el subsecretario Harboe amenazaron con expulsar del país al empresario Douglas Tompkins debido a sus opiniones críticas de algunas decisiones ambientales del actual gobierno y a sus donaciones a organizaciones ambientalistas. Harboe ha declarado que “no se debe poner un manto ideológico” en este debate, planteando que “si este señor hubiera sido empresario del fútbol, habríamos hecho exactamente lo mismo”. Lo cierto es que ningún extranjero ha sido cuestionado por estos motivos en los dieciocho años de gobierno concertacionista. Basta recordar el caso del empresario alemán Horst Paulmann, quién en 1998 todavía no había recibido la nacionalidad “por gracia”, y fue uno de los principales donantes a la Fundación Pinochet, en momentos en que el ex dictador se encontraba detenido en Londres. En ningún momento el ministerio del interior le exigió transparentar sus donaciones o mantenerse apartado de la contingencia chilena. Por otro lado los grandes grupos inversionistas internacionales, especialmente en el rubro minero, acuícola y forestal, no se han restado a participar de todos los debates referidos a la defensa de sus intereses en el país, y nunca han recibido la menor observación por parte de las autoridades chilenas. No sólo se trata de un momento en que el gobierno ha sincerado sus posiciones. Se ha iniciado un proceso de crisis de un modelo de desarrollo altamente depredador de los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que se no se puede descartar que a corto plazo emerjan conductas represivas de parte de las autoridades contra quienes cuestionen a sectores del empresariado que enfrentan graves amenazas a la sustentabilidad de sus inversiones. Por lo tanto, se puede temer una escalada restrictiva y amordazadora de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual amerita un monitoreo permanente a la actitud del gobierno chileno frente a las organizaciones no gubernamentales. El autor es Teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital. Santiago de Chile, 16 de abril 2008 Crónica Digital |