Opinión:
29 de julio de 2004

por  Álvaro Toro *

La estrenada autoridad ambiental ha jugado un rol protagónico en la desregularización del SEIA: por medio de un decreto con fuerza de ley se pretende modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente, evitando cualquier debate público en torno a la materia.

Desde su designación como nueva directora de la CONAMA, Paulina Saball, ha trabajado en la misma línea que su antecesor, Gianni López, quien fuera literalmente expulsado por no escuchar a nadie, ni siquiera a los parlamentarios de la propia Concertación. De esta forma, Saball continúa implementando una agenda ambiental donde sólo toma en cuenta las opiniones del sector empresarial.

No existe un pronunciamiento oficial de su parte respecto del desmantelado Plan Transantiago, proyecto que en su momento calificó como una "eficaz herramienta" para disminuir la contaminación atmosférica de la capital. Tampoco conocemos su posición acerca de la crisis del gas y los impactos ambientales de las medidas que se están proponiendo para enfrentar las dificultades energéticas. Nada ha señalado sobre la modificación del Plano Regulador Metropolitano que expande enormemente la zona urbana de la contaminada capital. Su estrategia consiste en omitirse de los temas conflictivos, aquellos donde mandan los "perros grandes". ¿Las razones de este silencio?, probablemente un afán de querer pasar desapercibida y sobrevivir sin ofender los intereses de los poderosos.

Sin embargo, la estrenada autoridad ambiental sí ha jugado un rol protagónico en la desregularización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por medio de un decreto con fuerza de ley (DFL) se pretende modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente, evitando así cualquier debate público en torno a la materia. A través de un resquicio legal se "agilizará" la tramitación de proyectos dentro del SEIA, restringiendo aún más las posibilidades de participación ciudadana. Si bien, aún no se conoce el texto íntegro de la nueva normativa, los grandes empresarios ya comienzan a celebrarla pues su pilar central dice relación con una drástica reducción de los plazos en la tramitación y aprobación de los proyectos o actividades con impacto ambiental.

Otra importante modificación es la que regula el llamado silencio administrativo. Con esta "innovación", el plazo de los diversos servicios públicos para pronunciarse sobre un proyecto no sólo se reduce, sino además, establece que de no haber respuesta se dará por aprobado. ¡Se agiliza la administración!, exclama la CONAMA! ¡Se potencia la implementación de las iniciativas productivas!, argumentarán los empresarios. Las comunidades eventualmente afectadas y las organizaciones ciudadanas defensoras del medio ambiente, ven afectado su derecho a hacer las observaciones que estimen pertinentes. ¿Quién defiende entonces al Medio Ambiente?.

Como organización preocupada de velar por los derechos ambientales de la comunidad, constatamos un aumento en la aprobación de proyectos sin una debida evaluación de los impactos socio ambientales. Es por ello que apelamos a una mayor consideración de la ciudadanía, dentro de un cambio normativo su participación y opinión debiera fortalecerse. Pero se esta haciendo todo lo contrario. De seguir este camino, la comunidad concluirá que dentro del SEIA y de su reformada Ley ambiental no hay espacio para ejercer sus legítimas y fundadas demandas. La ciudadanía, simplemente, buscará otros medios para hacer valer sus derechos.

En definitiva, se está torciendo el espíritu original de la ley. De ser una legislación inspirada en los principios precautorios y de fiscalización ambiental, hoy tan sólo se coloca acento en facilitar y garantizar la inversión privada. Es un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento del frágil sistema ambiental preventivo. Estas modificaciones no son más que una nueva presión a los servicios públicos, particularmente a aquellos funcionarios y profesionales más conscientes que desde los diversos ámbitos dentro de las reparticiones públicas han procurado tener presente la protección ambiental al momento de emitir los informes de evaluación ambiental. Por cierto todo esto se explica como un proceso de desburocratización de la administración ambiental. Y pensar que todo ocurre en el gobiernos del Presidente Ricardo Lagos, hombre proclamado como parte del progresismo, militante de un partido socialista.

Desde sus inicios, hemos manifestado nuestra abierta crítica por lo permisiva que es nuestra institucionalidad ambiental. Sin embargo, con una activa práctica de las organizaciones ambientalistas, se logró ir consolidando una actitud pro ambientalista de parte de numerosos profesionales del Estado que se desempeñaban en las reparticiones públicas al evaluar los proyectos.

Con las últimas reformas se desmantelan múltiples componentes que contribuían a un proceso más participativo de las comunidades afectadas por los proyectos empresariales. Con esto, la señora Paulina Saball demuestra gran entusiasmo en administrar las reglas del juego impuesto por el neoliberalismo. Claramente, nuestra Directora Nacional con su bajo perfil conduce la política ambiental del gobierno por donde le indican los, a estas alturas, unicos dueños de Chile, los empresarios. Como popularmente se dice: "Esta señora calladita esta dejando la escoba".

* Encargado Área Jurídica OLCA