El señor Camilo Rojas, coordinador de Concesiones del MOP, esta difundiendo en la prensa la solución a la que habría llegado la autoridad pública con el objeto de poner término al conflicto socio ambiental que se arrastra por más de un año y que impide construir el tramo urbano faltante de la autopista acceso Sur a Santiago. Ésta básicamente consistiría en el pago a los vecinos afectados, unas 400 familias, de un arriendo de $350.000 mensuales, por vivienda durante los 18 meses que dure la obra. El pago se justificaría por la necesidad de utilizar los jardines de las casas para efectuar las obras de construcción y compensar la "molestia que la obra causaría a los habitantes". Con ésta medida el MOP y la empresa concesionaria busca eludir el fondo del problema.

El problema es que se pretende, y en algunos sectores ya se está haciendo, construir un túnel de 29 metros de ancho (tres pistas por lado) utilizando una franja fiscal de 30 metros. Si la idea parece compleja, esta se transforma en irrealizable debido a la exigencia indicada en la resolución ambiental (RCA) favorable de la Corema metropolitana que exige mantener una distancia mínima de 1,5 metros contada desde los jardines de las casas al punto de construcción del túnel (y como hay casas a ambos lados, resulta que 29 más al menos tres metros da 32. La realidad de los números no cuadra con lo establecido en la autorización ambiental. Hace ya varios años que los pobladores explican que la solución pasa por ampliar la franja fiscal.

Este es el verdadero zapato chino en que se metió el MOP. Llegaron a él, pese a las innumerables advertencias de los pobladores, por una total desconsideración de la realidad.

Es el voluntarismo elevado al cuadrado. El único criterio utilizado fue el reducir al máximo los costos para el inversionista, una mega empresa transnacional.

La actual alternativa promovida por el coordinador de Concesiones pretende introducir una modificación sustancial a la RCA respectiva sin una previa evaluación y aprobación de parte de la Corema Metropolitana. El Art. 8º y siguiente de la Ley de Bases del Medio Ambiente son claros en la obligación que recae sobre la CONAMA en cuanto a velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la protección del medio ambiente. Un cambio tan significativo al proyecto original requiere de solicitar una modificación dentro del marco del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA. Como dice el Presidente Lagos simplemente que funcionen las instituciones. Obviamente, esto requeriría reconocer que el proyecto aprobado es deficiente tanto técnica como socioambientalmente.

Pero, nuestra autoridad no esta disponible para semejante humillación.

Por esta razón, mejor se opto por presionar y amenazar a la comunidad afectada. Los cambios propuestos no resuelven ninguno de los impactos ambientales críticos, vale decir la contaminación atmosférica, el ruido, la alteración de la vida comunitaria, el riesgo a la salud, el haber arrasado más de 1200 árboles, etc. Simplemente, se les ofrece a los vecinos un "arriendo" muy superior al valor de mercado, con la ventaje que incluso si desean pueden permanecer dentro de sus viviendas soportando estoicamente los impactos ambientales. Se esta jugando con la necesidad económica de muchas familias. Por cierto, para los pobladores es un caramelo difícil de ignorar. En el sector, hay familias que están sufriendo la cesantía con niños y ancianos que alimentar Son muchos los que hace años no ven tanta plata junta.

Pero, surge la interrogante ¿el arriendo de $350.000 que pretende compensar? ¿Cómo es posible imaginar que un impacto ambiental tan brutal puede ser mitigado con dinero? ¿Quién y como se determino el monto?

El MOP a pretendido calificar los hechos con el eufemismo de "molestias" ¿Qué falta para entender esta molestia como un impacto ambiental? La norma define como impacto ambiental "la alteración del medio ambiente provocada por un proyecto o actividad en un área determinada" ¿Cómo se atreve el MOP por si definir que estamos ante un cambio que no implica un impacto ambiental?

Claramente, se esta jugando con la precariedad económica de la gente.

Aceptar una formula como la propuesta por Concesiones implica definitivamente monetarizar cualquier impacto ambiental. Es hacer realidad el proverbio de que con plata de compran huevos.

Esperamos y exigimos un pronunciamiento a fondo de la Corema Metropolitana. Esta ya ha tenido múltiples ocasiones de constatar en terreno los impactos ambientales que esta sufriendo la población.

Adicionalmente, la Contraloría General de la República no puede dejar pasar este intento de un órgano estatal de burlar de forma tan escandalosa la legalidad. Si se imponerse este criterio mercantilista será utilizado por otros como ejemplo para burlar el SEIA y las RCA que de ellas emanen.

Lo que el señor Rojas, con el aval del Ministro Jaime Estévez, pretende imponer es grave para las familias directamente afectadas por el proyecto, pero también es grave y peligroso como precedente para el país en su conjunto. Seria una nueva formula de eludir impactos ambientales que la ley exige mitigar ambientalmente. El tema planteado es de fondo, la CONAMA tiene la palabra.