Proyecto Minero Pascua Lama

Fuente: REVISTA DEL CAMPO de EL MERCURIO, 10/09/07

La corrupción que engendra Barrick

Junta de Vigilancia del río Huasco
Regantes se disputan platas de Pascua Lama

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Fuertes recriminaciones por un supuesto mal uso del fondo compensatorio acordado con la minera Barrick, tras la aprobación del proyecto minero.

RODRIGO ÁLVAREZ

Cuando los regantes del valle de Huasco firmaron el acuerdo con la minera Barrick, dando el visto bueno al proyecto aurífero Pascua Lama, muchos aplaudieron: recibirían en compensación un volumen de recursos que les permitiría hacer importantes mejoras en la infraestructura de riego de la zona. Sin embargo, no han pasado ni tres años y esos dineros tienen completamente dividida a la agrupación de regantes.

Al saberse en el Valle de Huasco que llegaba la minera, se produjo una fuerte disputa. Se temía que perjudicaría la agricultura de la zona al utilizar y eventualmente contaminar las escasas aguas disponibles. Sin embargo, después de muchas conversaciones y discusiones, en noviembre de 2005, la entonces directiva de la agrupación de regantes firmó un protocolo de acuerdo con la minera canadiense.

En éste se estableció el pago de US$ 60 millones - durante 20 años- a los regantes como compensación al daño de imagen que sufrirán los productos de la zona en los mercados internacionales por la explotación del yacimiento de oro.

Hasta el momento se han cancelado las dos primeras cuotas correspondientes a US$ 6 millones.

Pero ahora aparecen problemas al interior de la asociación.

Por un lado, un sector de los agricultores, liderados por Fernando González Gray, quien presidía la junta de vigilancia cuando se firmó el protocolo, no está conforme con el manejo que ha hecho de esos fondos la actual mesa directiva, encabezada por Francisco Bou B. y gerenciada por el ex seremi de Agricultura, Luis Mansilla P.

Estos últimos, cansados de las críticas a su gestión "por las ansias de poder" de la anterior mesa, solicitaron una auditoría de la pasada administración, que según ellos, develó una serie irregularidades con el manejo de las platas–Barrick.

Según esa auditoría, publicada a página completa en El Diario de Atacama, la junta anterior giró $129 millones al gerente de ese entonces, Iván Pavletic, sin ningún documento de respaldo. De ellos, $93 millones corresponden al ítem catalogado como "Gestión Proyecto Pascua Lama".

Además, el informe señala que durante 2004 se encargó un estudio de impacto ambiental (EIA) sobre el polémico proyecto minero a la empresa Econorte Ltda., por un monto de $13.245.000. La cifra fue facturada a nombre de Michaela Heisig, quien es la ex esposa de Pavletic. Esta misma empresa recibió de la junta un total de $147.981.717 por evaluaciones y elaboraciones de las observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero.

En una declaración pública, firmada por el presidente de la Junta, Francisco Bou, y el gerente general, Luis Mansilla, se indica que "un grupo de personas ligadas a esta desastrosa ex administración buscan retornar al manejo de los recursos que hoy administra la junta para preservar esa desviación grotesca de fondos para satisfacer intereses personales".

En contraparte, el presidente del periodo aludido, Fernando González Gray, afirma que "cada peso que se le pagó a don Iván (Pavletic) y doña Michaela (Heisig) están integrados en un presupuesto que aprobó el directorio de la junta, que estaban en su conocimiento y de la Barrick, que ponía la plata". González calificó de injuriosa esta declaración pública, por lo que anunció una querella en contra de la actual directiva.

Iván Pavletic también refutó otras denuncias: "los gastos fueron rendidos ante la junta de vigilancia y fueron aceptados por todos, incluso por el Francisco Bou, quien firmó esos papeles notariales". Sobre la acusación de favorecer con asesorías a la empresa de su ex esposa, Pavletic dice que también fue aprobado por los regantes y por Barrick, que pagó esos honorarios.

Tanto González como Pavletic creen que estas acusaciones constituyen una "cortina de humo" de la actual directiva para ocultar sus propias irregularidades como "el gasto de más de $ 200 millones que no se encuentran aprobados en el presupuesto de la Junta de Vigilancia, entre otros", afirmaron.

Los opositores a la directiva afirman tener un 60% de los votos para pedir una nueva elección, lo que es desmentido por la dirección, que se niega a convocar a una sesión extraordinaria de accionistas.

Ambos bandos tendrán que verse las caras en octubre, cuando se celebre la reunión ordinaria anual de la junta. Ese podría ser el momento para dilucidar el futuro de la agrupación, y quien tiene la razón.

Rodrigo Álvarez.