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Conflictos ambientales en Argentina
Fuente:
IPS
- 7 de Agosto del 2006
Amenazados por el uranio
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, ago (Tierramérica) - La justicia
argentina investiga casos de contaminación con
uranio en torno al Centro Atómico Ezeiza, en la
provincia de Buenos Aires. Una pareja enferma de
cáncer fue aceptada como querellante.
La primera denuncia llegó al fiscal en 2000,
cuando vecinos de la zona alertaron sobre el
posible "envenenamiento" del agua con uranio y
responsabilizaron a la planta nuclear por el
eventual impacto sanitario en la población.
"Todos los informes admiten contaminación y
todos son válidos. El juez tendrá que combinar
los resultados y llegar a una conclusión", dijo a
Tierramérica el biólogo Raúl Montenegro,
presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.
En su sitio web, esta organización afirma que
accedió a un informe del gobierno de la provincia
de Buenos Aires --firmado por nueve funcionarios
y conocido a fines de 2005-- "donde se reconoce
la contaminación con uranio del agua subterránea en Ezeiza".
También señala que el documento, calificado
de "confidencial", admite que 10 de las 57
muestras de agua analizadas por la Agencia de
Protección Ambiental en Estados Unidos exceden
los "20 microgramos de uranio por litro, con un
valor máximo de 34,5 microgramos por litro".
"El uranio es radiactivo y tóxico", pudiendo
provocar cáncer y malformaciones genéticas, explicó Montenegro.
"El oncólogo me aseguró que hay una relación
directa con el uranio", dijo a Tierramérica
Antonio Rota, vecino de 65 años, quien padece
cáncer de pulmón con metástasis en los ganglios.
Su esposa, Beatriz Rodríguez, de 62, tiene cáncer de mama.
El Centro Atómico Ezeiza incluye un Área de
Gestión de Residuos Radiactivos con un Depósito
Central de Material Fisionable Especial Irradiado
y una planta de producción de combustibles para
dos centrales atómicas, donde se almacena y manipula uranio.
Ese centro admitió contaminación con uranio
en dos áreas (Campo 5 y Trincheras), pero aseguró
haberla remediado en un caso y estar en proceso de solucionarla en el otro.
La zona presuntamente afectada abarca tres
distritos de la provincia --Ezeiza, Esteban
Echeverría y La Matanza--, donde viven 1,6 millones de personas.
El juez federal Alberto Santamarina encargó
una investigación al geólogo Máximo Díaz, quien
dedujo que existe "una importante contaminación
proveniente de las actividades del Centro Atómico
Ezeiza (actuales y/o pasadas) que afectaron aguas
subterráneas a un nivel que impide su uso como bebida humana".
La gubernamental Autoridad Regulatoria
Nuclear cuestionó las conclusiones y la idoneidad
del perito. El magistrado pidió una nueva
investigación, esta vez a la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA),
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.
La AIEA organizó un estudio para el que
convocó a expertos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y otras entidades independientes.
El nuevo peritaje defendió la capacidad de
monitoreo de la Autoridad Regulatoria Nuclear,
pero no encontró relación directa entre el uranio
del agua y la actividad del Centro Atómico
Ezeiza, sostuvo que la morbilidad por cáncer en
el área no superaría al promedio nacional y dijo
no haber detectado contaminación radiactiva
aunque sí tóxica, derivada del uranio natural.
El máximo de uranio permitido por la OMS en
el agua para beber es de 15 microgramos por
litro. La AIEA admite que los valores hallados
llegan a 36 microgramos, pero los justifica en la
ley minera argentina, que permite hasta 100 microgramos por litro.
Vecinos y ambientalistas rechazan este
argumento. La ley establece ese máximo para aguas
sin tratar. Pero la norma de residuos peligrosos
fija 10 microgramos por litro para el agua de riego.
La Autoridad Regulatoria explica que si se
toman los 100 microgramos que rigen en la
legislación argentina, no existe contaminación
radiológica ni química. "Es la norma vigente", alega.
Montenegro cree que "es inadmisible que los
vecinos beban agua con valores de uranio
superiores a los estándares de la OMS y a los de agua para riego en Argentina".
"Confiamos en que el juez no ceda a las
presiones", dijo el pediatra Valentín Stiglitz,
presidente de la Asociación Contra la
Contaminación de Esteban Echeverría, una
organización de vecinos que se formó a raíz de este contencioso.
Ahora el magistrado deberá expedirse sobre el
problema, contando con los peritajes y con el testimonio del matrimonio Rota.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo
fue publicado originalmente el 29 de julio por la
red latinoamericana de Tierramérica.
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