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Conflictos ambientales en Argentina
Pascua Lama
www.totalnews.com.ar
(16/04/07)
El oro y el cianuro son el eje de nuevos conflictos políticos
El oro y el cianuro son el eje de nuevos conflictos políticos
Peleas entre ambientalistas y dirigentes
Una pelea entre un gobernador y su vice que acaba en una crisis institucional; un plebiscito que obliga a modificar leyes provinciales; un proyecto binacional que lleva a dos cancilleres a firmar un tratado y provoca protestas a ambos lados de la frontera; un intendente que denuncia amenazas y acusa a su gobernador de presionar a la Justicia, y un gremialista cuestionado que intenta blanquear su imagen enarbolando las banderas de la ecología.
En La Rioja, San Juan, Catamarca, Chubut y otras provincias, cada vez con más frecuencia los emprendimientos mineros de compañías multinacionales en busca de oro están derivando en luchas por el cuidado del medio ambiente que culminan en verdaderos conflictos políticos; peleas en las que se cruzan los intereses de gobiernos provinciales, dirigentes sociales y las empresas interesadas.
La legislación sancionada en los 90, orientada a incentivar el desarrollo minero, se combinó en los últimos años con el alza del precio internacional del oro y con la baja de los costos locales por la devaluación, lo que produjo un boom de este tipo de emprendimientos en nuestro país. Desde 2004, las inversiones del sector crecieron a un ritmo sostenido y ya están comprometidas para los próximos ocho años inversiones por 12.500 millones de dólares. En la actualidad, hay en la Argentina cerca de 300 proyectos mineros en etapa de exploración o explotación.
La producción de oro a gran escala en las minas a cielo abierto utiliza un proceso muy cuestionado por los ambientalistas: la lixiviación por cianuro. Las empresas y varios gobiernos provinciales sostienen que el sistema, que emplea grandes cantidades de ese producto tóxico, no entraña riesgos para la salud humana y el medio ambiente, pero sus críticos advierten que con frecuencia se producen accidentes y que el cianuro vuelve inutilizables las aguas de la región.
"Esta situación siempre termina con la confrontación entre la empresa minera y la pequeña comunidad que ve afectada su fuente de agua. Un tercer actor, el gobernador, por lo general prescinde en esta disputa y el sector empresarial gana la pulseada", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace.
Encrucijada
Según la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias, lo que dificulta a la Nación imponer leyes de cuidado del medio ambiente. Y para un gobernador es muy difícil rechazar una inversión que a veces llega a triplicar el presupuesto anual de toda la provincia.
El año último estalló una pulseada entre distintos sectores de la administración nacional por este tema. A poco de asumir, la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, había dicho que la minería con cianuro era la que estaba provocando mayor daño ambiental. La funcionaria fue duramente criticada por los gobiernos provinciales que alientan la minería. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral también se opuso a Picolotti.
El desacuerdo terminó el mes pasado con la firma de un pacto de cooperación entre Picolotti y Mayoral. Los ambientalistas lo sintieron como una traición de Picolotti. "Es evidente que ha habido bajada de línea o al menos un «callate la boca». Ahora ha bajado los decibeles y acepta esta minería, con controles", dijo Silvia Villalonga, ambientalista de San Juan.
Las únicas declaraciones que hizo Néstor Kirchner sobre el asunto fueron pronunciadas en esa provincia, donde la multinacional de origen canadiense Barrick está explotando la mina de Veladero y construirá a partir de septiembre las instalaciones de Pascua Lama. "Que se desarrolle la minería con respeto al medio ambiente", pidió Kirchner en octubre de 2006. No brindó mayores precisiones. Dos semanas antes, se había reunido con los directivos de Barrick en Nueva York.
Los casos emblemáticos
Pascua Lama está en la frontera con Chile. En 2004, los cancilleres de ambos países firmaron un tratado para permitir el proyecto, en el que Barrick invertirá más de US$ 1500 millones. Los ambientalistas sanjuaninos intentan bloquear judicialmente el proyecto, aunque las mayores protestas se dieron del lado chileno, donde hubo incluso una manifestación ante la embajada argentina.
Barrick cobró notoriedad recientemente por su protagonismo en los días finales del gobierno riojano de Angel Maza. Su compañero de fórmula, Luis Beder Herrera, hoy a cargo del Poder Ejecutivo, impulsó en la Legislatura una ley que prohibió la explotación minera a cielo abierto y denunció los términos del acuerdo suscripto en 2004 por Maza y Barrick para la explotación del cerro Famatina.
Los ambientalistas de Famatina y Chilecito bloquean desde hace más de cuarenta días el acceso a la mina, y están decididos a resistir hasta que la empresa abandone el proyecto, hoy en etapa de exploración.
La mina más grande en funcionamiento es Bajo La Alumbrera, en Catamarca, un imponente yacimiento de oro y cobre que produce un promedio anual de 650.000 toneladas. Desde 1997, cuando comenzó a funcionar, cosechó la resistencia de los ambientalistas por los presuntos efectos contaminantes sobre el agua de los ríos de la zona de Andalgalá, que llegan también a Santiago del Estero.
Para colmo, el conflicto se coló en la campaña electoral: el candidato opositor y polémico gremialista Luis Barrionuevo criticó durante la campaña al gobernador Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico) por su apoyo al proyecto, y reclamó un "uso responsable de la minería", con más dividendos para la provincia.
Los habitantes de las comunidades afectadas por la instalación de estos megaemprendimientos sueñan con repetir la hazaña de los vecinos de Esquel, Chubut, que en 2003 lograron frenar, por medio de un plebiscito no vinculante al que se opuso el propio intendente, el proyecto de la empresa Meridian Gold para la explotación de un yacimiento de oro y plata. Mientras las tareas están detenidas, la empresa denunció en la Justicia a seis vecinos involucrados en la protesta, lo que para el ambientalista Humberto Kadomoto "es un intento por sacar la protesta de la calle".
Un éxito similar obtuvieron los vecinos de Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. El fuerte rechazo social a la instalación de una mina obligó al gobierno provincial a dictar una ley contra la minería con cianuro.
Mientras las empresas, en su mayoría con el aval de los gobiernos provinciales, definen la minería como una "política de Estado" que trae más empleo y no contamina, los ambientalistas ya preparan para fines de mes una reunión conjunta en San Rafael, Mendoza, para coordinar las actividades de oposición.
Por Oliver Galak y Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION
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